Familias de niños desaparecidos en Las Malvinas esperan resultados forenses en Taura
Los padres acudieron al laboratorio de Criminalística el 25 de diciembre para conocer la identidad de cuatro cuerpos hallados incinerados; se espera un dictamen antropológico o de ADN.
El 25 de diciembre de 2024, las familias de los menores desaparecidos en Las Malvinas se trasladaron al laboratorio de Criminalística de la Zona 8, ubicado en la avenida Rodríguez Bonín, para solicitar información sobre cuatro cadáveres encontrados el día anterior en Taura, parroquia del cantón Naranjal. Acompañados por una delegación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), los familiares permanecieron en las instalaciones entre las 11:45 y las 14:55 horas, sin obtener confirmación inmediata sobre la identidad de las víctimas.
Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH, explicó que el estado incinerado de los cuerpos impide la identificación por huellas dactilares. En su lugar, se está realizando una prueba antropológica que compara características físicas como heridas previas o prótesis con los datos aportados por las familias. Si este análisis no arroja resultados concluyentes, se procederá a un análisis de ADN, cuyo resultado podría tardar entre 30 y 40 días, aunque se buscan alternativas para acelerar el proceso.
La jueza Tania Loor Zambrano aceptó el habeas corpus presentado por los familiares el martes 24 de diciembre, declarando el caso como desaparición forzada y ordenando medidas cautelares que incluyen la continuación de la búsqueda. Se estableció una línea directa para recibir información sobre el paradero de los niños y se garantizó atención médica y psicológica a los padres. Por su parte, 16 militares fueron llamados a audiencia de formulación de cargos, con custodia reforzada por oficiales de inteligencia militar para evitar fugas.
En Taura, la parroquia donde se hallaron los cuerpos, los moradores prefieren no hacer declaraciones sobre el caso y esperan que las familias encuentren tranquilidad con el avance de la investigación. La situación ha generado también preocupaciones sobre posibles actos de racismo en el manejo de las detenciones, según señaló Dayuma Amores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
