La Gran Empresa de Gestión Ambiental S.A. (GRANASA) ha elevado una serie de observaciones formales respecto a la intervención administrativa que mantiene bajo su gestión desde hace casi siete meses. La entidad, pilar fundamental del saneamiento ambiental en Guayaquil y su provincia, cuestiona abiertamente el alcance de esta medida y señala que la misma está generando un clima de incertidumbre institucional que afecta la operatividad del servicio.
En su defensa, la compañía ha destacado un hecho determinante: la venta de sus acciones fue previamente aprobada por una abrumadora mayoría de los accionistas, alcanzando el 95,48 % de los votos a favor. Desde esta perspectiva, GRANASA considera que las acciones de la Superintendencia para bloquear dicha operación representan una interferencia directa en la voluntad del mercado y en los derechos de propiedad privada de sus inversionistas.
El mensaje enviado por la empresa resalta la tensión entre la regulación estatal y la dinámica de libre mercado. Al mantener el bloqueo sobre una transacción ya validada por sus dueños, se pone en riesgo la estabilidad jurídica y financiera del proyecto. La advertencia busca poner sobre la mesa el costo real que estas medidas administrativas tienen para los titulares de las acciones y, por extensión, para la eficiencia de la gestión ambiental en la provincia.
